Royalty Minero

La paradoja del royalty

Cuando se legisló sobre el Royalty en los años 2004-2005, fue por dos razones principales:

a) Porque Chile era prácticamente el único país minero del mundo que no cobraba la regalía minera o renta del recurso.

b) Porque tampoco pagaban impuesto a la renta, como había quedado demostrado por un informe del S.I.I., presentado en el Senado en agosto de 2003, en el que se comprobaba que entre 1994 y 2003, ocho de las diez mayores mineras extranjeras no habían pagado un solo peso de impuesto a la renta en Chile.

Lo absurdo de esta falta de tributación era aún más impactante, puesto que en ese mismo período de tiempo se habían llevado 21 millones de toneladas de cobre fino, que al valor actual del cobre significa la friolera de 130 mil millones de dólares.

Es por conciencia de esta casi nula tributación de las mineras extranjeras, que se legisló con el objetivo central de aumentar la recaudación tributaria de parte de las mineras extranjeras, sin embargo, y esa es la segunda paradoja del Royalty de Ricardo Lagos Escobar: En vez de aumentar, la tributación de las mineras disminuyó.

Esto se produjo de la siguiente manera. Antes de esta ley, las mineras extranjeras, salvo Escondida y Mantos Blancos, estaban acogidas a lainvariabilidad tributaria del artículo 11 bis del Decreto Ley 600, que contemplaba un impuesto adicional a la renta de 42%, y como existía invariabilidad, no se les podía aplicar el nuevo impuesto específico a la minería.

Para que el impuesto específico se les pudiera aplicar, las mineras tenían voluntariamente que renunciar a la invariabilidad tributaria del 11 bis. ¿Tiene sentido que estas empresas renuncien a dicha invariabilidad para que se les aplique un nuevo impuesto? Es evidente que no lo tiene, sin embargo las empresas mineras lo hicieron, para que se les pudiera aplicar el nuevo impuesto específico a la minería de la Ley 20.026, conocido por Royalty 2. Si lo hicieron es porque obtenían nuevos beneficios.

Estos beneficios se presentan de la siguiente forma. Antes de la Ley 20.026, el impuesto adicional a la renta de las empresas mineras que establecía el artículo 11 bis del DL 600 era de 42%, como ya se dijo. Al renunciar al 11 bis del DL 600, quedaban sometidas al impuesto adicional general de la Ley de la Renta que es 35% solamente. Esto significaba que bajaban su tributación en 7%, pero se les aplicaba el nuevo impuesto específico a la minería o Royalty 2, que sólo sería de 4% para las empresas que renunciaban a la invariabilidad del 11 bis, con lo cual la tributación total llegaría solamente a 39% (35+4), en vez de los 42 % de antes de la Ley 20.026.

Pero ese no es el único beneficio, puesto que durante los años 2006 y 2007, el impuesto específico tiene además un crédito de 50% deducible del impuesto a la renta de primera categoría, por lo que la tributación total viene a ser solo de 37%. Es decir, exactamente 5% menos que antes de la ley 20.026.

La ley de Royalty 2, que en principio se instauró para que las empresas mineras tributaran un 5% más que antes, hace exactamente lo contrario.

En suma, las mineras extranjeras renunciaron a la antigua invariabilidad tributaria del 11 bis del DL 600, porque con la Ley 20.026 se les rebajaba en lugar de aumentar la tributación a pagar al Estado. Pero además, les otorgaba una nueva invariabilidad tributaria, que es la tercera paradoja de este “Royalty”.

La política binominal y el opaco debate sobre el Royalty minero

Mientras que el país necesita grandes decisiones y propuestas legislativas claras para salir de la desigualdad social en la cual lo han sumido más de 20 años de modelo económico y régimen político postdictadura administrados por la Concertación, tanto ésta como el gobierno de Piñera enrarecen el ambiente y fabrican apatía ciudadana con la ayuda del periodismo superficial.

El mundial de fútbol como telón de fondo y vector de las preocupaciones lúdicas ciudadanas no ayuda a realizar debates argumentados. Y los políticos se esfuerzan por ocultar los intereses en juego y evitan nombrar las cosas por su nombre.

A menos que el espíritu cívico, resultado de una educación ciudadana permanente, sea alimentado con reflexiones argumentadas y pluralistas por una prensa libre de ataduras ideológicas con los intereses económicos de la oligarquía propietaria nacional y global. Pero de ese objetivo se está muy lejos.

El trabajo de la prensa tradicional y de gran tiraje es superficial cuando no obliga a los políticos de gobierno y oposición a plantear por escrito sus posiciones en términos claros en vez de refugiarse en una terminología innecesariamente” tecnicista” que sólo un grupo reducido de presuntos “expertos” maneja.

O cuando los editorialistas de la prensa dominante defienden con oscuros matices el mismo punto de vista, que no es otro que el dictado por la ortodoxia neoliberal. La misma que se encuentra en plena crisis de fundamentos debido a las desastrosas consecuencias para las mayorías ciudadanas de la desregulación de los mercados financieros operada por los tecnócratas de los Estados gobernados por las derechas y por los socio-liberales.

Los sofistas lo descubrieron antes que G. Orwell: las nomenklaturas inventan su propia terminología para afirmar su poder y saber, con miras a excluir.

La discusión sobre el Royalty de la minería ilustra bien las taras de una sociedad donde tanto el lenguaje de los políticos-tecnócratas “expertos” como el de los políticos “profanos” (*) cae en lo rebuscado para evitar ir a lo esencial: el de los tributos o impuestos sobre la explotación de los recursos naturales que por concepto de royalty, ganancias, utilidades o rentas deben pagar las empresas mineras.

Que quede claro que ese dinero es el sueldo de Chile y debe estar al servicio de un proyecto de país solidario y justo para las mayorías y no de algunos pocos, como ha sido el caso hasta ahora.

Estamos hablando de un gran proyecto de desarrollo. No nos referimos a los “planes de protección social” con miras a desarrollar una mentalidad y reflejos individualistas de “infraclase” para así poder criminalizar y reprimir a los “recalcitrantes” que no quieren integrarse al sistema.

La ciudadanía necesita forjarse una opinión argumentada sobre temas fundamentales como el de la soberanía nacional (que no tiene nada que ver con el concepto de defensa de la soberanía contaminado por la ideología de la Seguridad Nacional de las FF.AA e invocado para gastar en armas), es decir, el del control por el ejercicio del poder ciudadano de las riquezas y patrimonio en recursos naturales de los cuales un país dispone para construirse y dar felicidad, prosperidad y vida sana a todos sus ciudadanos por igual.

Es la idea de un contrato social refundador, cimentado sobre estructuras sociales, económicas y políticas justas, legítimas y solidarias. Unica manera de desarticular las actuales, que son fuente de poder de la oligarquía y, al mismo tiempo, poner en jaque las falacias de la ideología propietaria y sus efectos: la división de la sociedad en clases.

Tal visión democrática y socialista —en tiempos de incertidumbre económica, debido a la crisis del capitalismo— se contrapone a la política al servicio de las multinacionales mineras llevada a cabo durante más de 20 años por la dictadura y los gobiernos concertacionistas.

Por lo que la pregunta que se impone apunta a saber si las leyes que serán dictadas en el plan de reconstrucción piñerista garantizarán que la ciudadanía —ya sea por simple decreto o ley, o mediante un plebiscito— pueda revocar los tratados con las empresas nacionales y extranjeras para nacionalizar los recursos naturales del país. Además, de saber de manera clara cuánta plata por año quedará en las arcas fiscales después de sumar y restar por concepto de devoluciones o granjerías fiscales a las multinacionales para que ésta sea por ley invertida en satisfacer necesidades sociales urgentes tales como salud y educación pública.

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(*) Es un falso debate querer darle un contenido de pugna democrática a la polémica entre F. Vidal y el ex ministro de Hacienda Velasco. Los dos fueron pajes de la corte bacheletista. El segundo no es sólo un tecnócrata sino un político-tecnócrata cuya fuente de legitimidad le viene de los centros mundiales del poder financiero como el FMI, la OMC y el Banco Mundial, así como de los círculos de la academia neoliberal. Todas estas instituciones le han entregado los cuadros y operadores de las políticas neoliberales al capital global. El FMI cuenta con los leales servicios de ex políticos como Nicolás Eyzaguirre y Straus-Kahn(socialista francés y Director del FMI) para que hagan el trabajo político de tecnócratas que imponen con el consentimiento de los Estados los planes de privatización, de “austeridad” (empobrecimiento) y de “ajuste” a los trabajadores: baja de pensiones, prolongación de la edad de jubilación, recortes en programas sociales, privatizaciones, etc.

Fuente:

El Ciudadano

Defensa del cobre